Desequilibrio patrimonial versus insolvencia


Hasta el pasado 23 de febrero, tenía bastante claro que no todo desequilibrio patrimonial – fondos propios negativos o inferiores al 50% del capital social – era un presupuesto objetivo de la insolvencia y, que por otro lado que podían coexistir empresas insolventes que, a su vez, ostentaran abultados fondos propios -patrimonio neto-.

Son dos cuerpos normativos distintos los que regulan el concepto de desequilibrio patrimonial y sus efectos -Ley de Sociedades de Capital- y el concepto de la insolvencia -Ley Concursal-.

Y digo que lo tenía claro pues hasta esa fecha había una clara distinción entre uno y otro concepto.

¿Qué ocurre el sábado 23 de febrero? Que el Gobierno publica en el BOE el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, (figura de moda ya que últimamente casi todo se regula con urgencia) que viene a prorrogar lo ya prorrogado y que pretende que, en esta situación de crisis aguda, no se computen los deterioros de los activos (materiales, inmobiliarios y existencias) a la hora de tener que disolver una sociedad. Dicho de otro modo, que el envilecimiento de determinados activos no se tenga en cuenta a la hora de calcular los fondos propios, pues ello favorecerá la no disolución obligatoria de muchas sociedades y, por tanto, la continuidad de las mismas.

Pongamos un ejemplo: tenemos una sociedad que tiene en su activo un solar valorado a precio de coste en 2006 en 1 millón de euros y sólo debe la carga hipotecaria, valorada en 600 mil euros, siendo su capital de 400 mil euros. Si el valor de mercado actual del inmueble ascendiera a 500 mil euros, debería disolverse (si no encontrara socios para hacer una ampliación de capital), pues sus fondos propios contabilizando el deterioro de 500 mil euros serían de menos 100 mil (400 mil de capital menos 500 mil de pérdidas por deterioro). Esta obligación de disolución operaría si no se hubiera prorrogado lo establecido en dicho Real Decreto Ley: que los deterioros no computen de cara a la disolución obligatoria.

Hasta aquí, de acuerdo. Pero ¡ahora viene la sorpresa!: la disposición prorrogada añade confusión acerca de su alcance jurídico cuando dice que las pérdidas por esos deterioros no se tendrán en cuenta “respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el Art. 2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio Ley Concursal”.

Aquí viene mi confusión: ¿qué tienen que ver las pérdidas por deterioro con relación a la insolvencia regulada en el Art. 2 de la Ley Concursal? ¿Es que no teníamos suficientemente claro que la insolvencia definida como “imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles” (Art.2 de dicha Ley) en modo alguno está relacionada con si se contabilizan o no los deterioros?

¿Es que acaso, en el ejemplo descrito, es más solvente esa sociedad inmobiliaria porque no se computen los 500 mil euros de deterioro del solar?

¿Por qué este Real Decreto Ley (prorrogado, dicho sea de paso, extemporáneamente) viene a crear zonas grises (de duda) sobre una de las pocas parcelas en las que no existía confusión: una cosa son los fondos propios y otra, muy distinta, la insolvencia?

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