Estatuto Jurídico del Mediador Concursal


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Hasta el día de San Fermín de hace dos años, no contábamos en nuestro país con una figura bastante utilizada en el Derecho Comparado: LA MEDIACIÓN.

La Ley que introdujo dicha figura, publicada en el BOE justo el día del Patrón de todos los Navarros, venía a dar solución a parte del problema de la judicialización de los conflictos civiles y mercantiles.
Todas las esperanzas se volcaron sobre dicha Ley y un sinfín de instituciones y asociaciones empezamos a promover dicha figura del mediador.

Desde aquella fecha hasta hoy, dos hitos nuevos han venido a completar la mediación:

  • El primero lo supuso la reforma de la Ley Concursal (LC), que tuvo lugar en septiembre del año pasado y que creó la figura de la mediación concursal.
  • El segundo, y más reciente, ha sido la publicación del Reglamento de Mediación que tuvo lugar a finales de 2013.

Así pues, ya tenemos completo el mapa normativo de la mediación y,  más concretamente, de la mediación concursal.

No pretendo, ni mucho menos, agotar en esta tribuna la materia del estatuto del mediador concursal; sólo hacer unas reflexiones sobre el mismo a la vista de las últimas novedades legales citadas:

La primera reflexión es acerca de la formación requerida al mediador concursal:

Perece claro que dicho mediador debe cumplir con los mínimos de formación y experiencia que le exige, por un lado, la Ley Concursal y, por otro, el Reglamento de Mediación (art. 233.1 LC). Así pues, además de ser abogado o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional efectiva y formación especializada en Derecho Concursal (requisitos exigidos por el art.27 LC) deberá contar con una formación específica de, al menos, 100 horas de docencia efectiva en materias jurídicas, aspectos psicológicos, ética en la mediación y evaluación de conflictos. De esas 100 horas mínimas, el 35% se desarrollarán a nivel práctico. Decir al respecto que el mediador acreditará esa formación en la mediación a través de un certificado que se expida por un centro de formación autorizado por la Administración Pública (así lo exige el Reglamento de Mediación).

Por tanto, no es condición suficiente para ser mediador concursal con cumplir los requisitos para ser administrador concursal; además, hay que cumplir con los requisitos de formación en materia de mediación antes citados.


La segunda reflexión del estatuto del mediador viene de la mano de su seguro de responsabilidad:

Establece, el recién publicado Reglamento de Mediación, que todo mediador debe contar con un seguro o contrato de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados de su mala praxis (errores, infracción de los principios de imparcialidad y confidencialidad, pérdida o extravío de expedientes…). Dicho seguro (cuantía) será proporcional a la entidad del asunto en que intervenga (no fijado de antemano) y constará en el acta inicial en el que acepta el cargo.

Sucede que si el mediador concursal no alcanza ningún acuerdo con las partes en el período máximo que la Ley Concursal le confiere (cuatro meses desde que se acogió a dicha vía), se convertirá directamente en el Administrador Concursal del concurso que el propio mediador inste (ante la imposibilidad de llegar a los acuerdos mínimos que la Ley Concursal establece).

Llegados a este punto, al Administrador Concursal (antes mediador) la Ley Concursal le exige un seguro para responder de sus posibles responsabilidades (Real Decreto 1333/2012)
¿Supone ello que este seguro nuevamente exigido deber ser independiente del requerido para ser mediador?
¿Deberá cubrir únicamente los defectos de cobertura no cubiertos al tiempo de aceptar el cargo de mediador?
Lo cierto es que, si se superponen ambas normas (Mediación y Concursal), una dicción literal arrojará como resultado una doble cobertura.

Otro aspecto relevante del Estatuto del Mediador Concursal lo configura uno de sus principios: LA CONFIDENCIALIDAD.

Según este principio, el mediador no debe declarar o aportar documentación fuera de su actividad y, de hacerlo, se verá incurso en responsabilidad.
La Ley, en su artículo 9, incluso le exceptúa de aportar la documentación que conociera, aunque fueran otras las Administraciones que la requieran (salvo la jurisdicción penal en determinados casos)
Pues bien, sucede que si el mediador se convierte en Administrador Concursal (como antes se dijo, por no llegar las partes a un acuerdo), el Administrador Concursal pudiera hacer valer la documentación conocida en el proceso de mediación, contra el deudor (por ejemplo, al entablar una acción rescisoria).
¿Supone ello una quiebra del deber de confidencialidad?

Otro aspecto menos relevante del Estatuto del Mediador Concursal lo da la necesidad de su inscripción en el Registro habilitado al efecto. Esto es consecuencia de lo establecido en la Ley Concursal, ya que la norma general de la mediación no impone dicha inscripción. Así pues, si quiere llegar a mediador concursal, deberá proceder a dicha inscripción.

Por último, la retribución del mediador concursal:
La Ley Concursal establece -para el caso de que no prospere la mediación- que el Administrador Concursal (antes mediador) no podrá percibir por acceder a este último cargo más retribución que la que ya le correspondió por su tarea de mediador (art. 242.2 LC)

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