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Llegó el BOE con Medidas de Reestructuración de Deuda

BOE

Tal y como ya anuncié, llegó el BOE. Un nuevo Real Decreto – Ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.Una más de las muchas modificaciones de la Ley Concursal…

Partiendo de la base de que el tejido empresarial se está destruyendo a marchas forzadas y que entre las empresas que se están cerrando en sede concursal existen algunas viables que convendría conservar, viene este Decreto Ley a fomentar la refinanciación y reestructuración de deuda de dichas empresas viables.
En resumen, se pretende mantener dichas empresas aliviándolas de la excesiva carga financiera. Hasta aquí todo muy bonito…
Pero si nos acercamos con detenimiento al articulado, veremos que una cosa es la lírica del texto y otra bien distinta la realidad de lo que va a acontecer.

Voy a centrar este artículo exclusivamente en la sanción que se pretende imponer al deudor por no aceptar su refinanciación.

- En primer lugar, decir que ignora quien ha legislado, que sólo el deudor es quien puede activar con su voluntad dichos acuerdos de refinanciación o reestructuración, porque él y sólo él, conoce desde dentro qué acontece en su empresa.

¿Qué utilidad práctica tendrá pues sancionar al deudor “por negarse sin causa razonable a la capitalización de créditos o la emisión de valores frustrando la conservación del acuerdo de financiación” (Art. 165.4 Ley Concursal)?

¿Es que acaso ante el deudor que no tiene esa voluntad refinanciadora, los extraños van a poder apreciar desde fuera que se está negando sin causa razonable a dichas medidas de recapitalización?

Lo más curioso del citado artículo es que la existencia o no de la causa razonable por la que el deudor se niegue a dicha recapitalización la tiene que valorar un experto independiente dentro ya del concurso (entiendo cuando dentro del mismo se pretende enjuiciar si es fortuito o culpable, Sección VI)

¿Quién se puede atrever a valorar mucho tiempo después de la insolvencia declarada aspectos tan subjetivos como el desánimo de los trabajadores o de los administradores, la falta de perspectivas a corto plazo, … para poder concluir en un informe que el deudor sin causa razonable se negó a una pretendida capitalización de deuda (sin saber siquiera que la misma fuera aprobada)?

Por otro lado, llegados a este punto, ¿Alguien se cree que habrá caja para proponer que dicho experto independiente pueda ver satisfechos sus honorarios por la emisión de dicho informe? O sucederá como la mayoría de los créditos contra la masa que no se podrán ver satisfechos y que por tanto no se podrá contratar a dicho experto?
Por tanto, este artículo probablemente quede decorativo pero en la práctica inútil.

- El segundo aspecto criticable de la norma publicada consiste en la ausencia de sanción a los acreedores que no se adhieran a un convenio razonable.

Me explico: Si lo que se quiere es conservar empresas viables aunque sobre endeudadas, lo que hay que fomentar son las adhesiones a convenios razonables… ¿Cómo? Premiando al acreedor que vote a favor (aunque ello entrañe quitas o esperas), o sancionando a quien no lo haga, siempre que –ahora si- un experto independiente avale que con dichas quitas / esperas se prevea que la empresa viva va a poder cumplir con sus nuevos compromisos de deuda refinanciada. (Los premios o sanciones vendrán por la vía de la calificación de sus créditos)
Esta sería la otra cara de la moneda de la crítica del apartado anterior (donde se pretendía sancionar al deudor por una presunta actitud difícil de valorar desde fuera).

Con esta medida propuesta acompañada de un premio al deudor (por ejemplo, no proceder a la calificación del concurso para que no haya dudas acerca de su posible culpabilidad en ningún caso) se estaría, ahora sí, fomentando la conservación de dichas empresas viables.

La sanción pues, no debe imponérsela al deudor (entre otras razones por su dificultad en la valoración) sino al acreedor ausente o contrario a un acuerdo que beneficie al conjunto (y por ende, también a él).